NOTICIA APARECIDA EL 30/09/10 EN UN DIARIO CHILENO.......
A nuestro parecer, este último tema va a seguir acaparando por mucho tiempo dicho rasgo de centralidad en el ámbito comunicacional y, más que eso, hay margen para especular en el sentido que merced a su desarrollo y probables derivaciones puede escalar a tal punto que provoque un efecto mariposa de impredecibles consecuencias y también que, dentro de un campo de proyección más lejana, llegue a quedar registrado como un inédito hecho histórico. En tal sentido, procede señalar antes que nada que cuando mentamos la categoría conflicto mapuche debemos precisar de qué mapuches estamos hablando y cuál es el problema involucrado. Hay numerosas investigaciones realizadas tanto por el Instituto Libertad y Desarrollo como por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y en todas ellos se consulta a un vasto universo en el que intervienen también indígenas mapuches radicados en Santiago, siendo de notar que entre las conclusiones de dichos estudios se colige que a la mayoría de los entrevistados le asiste el objetivo del emprendimiento socio-económico. Tenemos, sin embargo, que los comuneros protagonistas de la dilatada huelga de hambre corresponden a los segmentos más activos y radicalizados de la población mapuche que vive en el campo, allí donde las papas queman; en el territorio no sólo simbólico sino que definitivamente real, vinculado primordialmente al suelo heredado de sus ancestros (mejor dicho, al que el Estado de Chile les ha permitido conservar), a la práctica de la lengua materna, las costumbres, la vestimenta, las experiencias compartidas y la común-unidad. La parte más intrincada de este fenómeno emergente es que el llamado conflicto mapuche no se restringe meramente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista. Tampoco se agota en la reivindicación de tierras, ni en un cabal reconocimiento como pueblo originario, sino que tiene como demanda fundamental y última algo que ningún gobierno estaría dispuesto a entregarles, porque se trata de un asunto estructural de Estado: la autonomía, que se les reivindique como pueblo-nación. Algo imposible, de imposibilidad absoluta, desde el punto de vista legal. A menos que a favor de la propuesta pudiese mediar una eventual salida alojada en un escenario tan hipotético como el de contar con un clima de amplio apoyo externo (más que probable) y, lo más difícil, la intervención de un organismo supranacional. Tal es la perspectiva ideal y solución definitiva que visualizan los comuneros, los mapuches que encarnan y protagonizan la presente contingencia. En materia de política indigenista, la Concertación se esforzó por alcanzar determinadas metas políticamente correctas y fue evidente que sus propuestas tenían como frontera un non plus ultra inmutable. Como botón de muestra, cabe recordar a este respecto el caso de los dos directores nacionales de la Conadi a los que se les pidió la renuncia por tratar de ir más allá de lo que el gobierno concertacionista (como administrador de un Estado neoliberal), podía ofrecer. La Alianza, que ahora es Gobierno, acusa a la Concertación de haber abierto la Caja de Pandora del clamor indígena y, de yapa, de haber incentivado a los mapuches para que se alcen y provoquen disturbios. Pero la verdad es que se trata de una caja de sorpresas inmensamente más compleja. Hablando en buen romance, hay que admitir que la actual administración es, comparativamente, menos idónea aún que el gobierno anterior para comprender el problema, aceptarlo y otorgarle la solución demandada. Sospechamos que no sabe la chichita con que se va a curar, porque, desafortunadamente, va a tener que afrontar otro terremoto: el mapuche. En efecto, el sector político e intelectual que representa Sebastián Piñera rotula el caso mapuche como una mera cuestión de orden económico, tipificándolo como una situación de subdesarrollo. Por lo tanto, lo que aquí se requiere –dicen- es aplicar un modelo de integración capaz de insertar a esos pequeños campesinos y artesanos en el marco del mercado formal e impulsar un conjunto de medidas de promoción socio-económica con concretar finalmente su promoción socio-económica y su consecutiva inserción en la sociedad chilena. Pruebas al canto: el propio Presidente Piñera ha graficado que su Plan Araucanía equivale a un “Plan Marshall”. A lo que hay que añadir que su política indigenista no contempla seguir con la compra de tierras para entregarlas a los comuneros, sino aplicar un sistema de subsidio estatal para acceder a predios a título personal, no comunitario. Nuestra gallarda protonación se caracteriza esencialmente por ser un pueblo libertario y autónomo, tanto que en su propia conformación política no se concebía un ente centralizador hegemónico. Solamente se confederaba en casos de guerra, pero pese a su contundente capacidad bélica nunca tuvo afanes expansivos para dominar a otros pueblos más débiles. No, a esos guerreros por antonomasia sólo le interesaba defender lo suyo, la tierra, de los extraños. Así lo demostraron durante tres siglos de lucha contra los españoles que fundaban este país. Su gesta fue épicamente cantada por Alonso de Ercilla y Zúñiga, pero lamentablemente la historia oficial chilena sobre los “araucanos” termina junto con la muerte de Caupolicán y Lautaro. En adelante ya no se hablará de pueblo heroico, indómito, sino de indios salvajes v marginales, de una lacra que hay que extirpar. Tras la Independencia de Chile, se realizó una tratativa general para acordar las relaciones de la naciente república con los mapuches que habitaban al sur del Biobío. Ese fue el Parlamento de Tapihue, celebrado en enero de 1825. Pero ocurre que al año siguiente, al incorporar Chile el archipiélago de Chiloé (Tratado de Tantauco), quedó en evidencia que el país carecía de continuidad territorial. A todo esto, ya se abrían los apetitos de muchos particulares por las tierras y bosques sureños. El primer enfrentamiento bélico chileno-mapuche se suscita durante la Revolución de 1851, cuando el general golpista José María de la Cruz se gana el apoyo de determinados sectores mapuches. Para éstos, todo lo que existía al otro lado del Biobío era extranjero; ellos no eran chilenos, sino gente de la tierra, pueblo autóctono. Sin embargo, la verdadera intervención estatal se produce a partir de 1861 con una campaña militar que recibe el eufemístico nombre de Pacificación de la Araucanía. Los soldados luchan debidamente apertrechados con fusiles, cañones, caballos; los indios con lanzas y cachiporras. En medio de esta campaña militar, el Gobierno de Chile va levantando fuertes que devendrán en las actuales ciudades de Villarrica, Carahue, Lautaro, Pillanlelbún, Temuco y Nueva Imperial. La “Pacificación”, que se extendió durante toda la segunda mitad del siglo XIX, se tradujo necesariamente en la ocupación y colonización de los territorios mapuches. Las tierras son entregadas a colonos chilenos y europeos, principalmente españoles, alemanes, franceses, italianos, ingleses y suizos. Así, al año 1901 habían llegado 36.000 europeos. De éstos, 24.000 contratados por la agencia de colonización y 12.000 que llegaron por sus propios medios. En un folleto propagandístico con fines de atracción de inmigrantes que editó el Gobierno de Chile en 1903 en Leipzig, (Alemania), se pondera la buena aptitud agrícola de las tierras del sur y se señala expresamente que desde el año 1882, el Gobierno ha procedido a expulsar de allí a los araucanos “raza inferior de indios salvajes que habían habitado vastas zonas incultas”. Obviamente que la historia oficial no dice que dicho proceso de ocupación y colonización sólo pudo concretarse por la vía de la expulsión y desplazamiento de los ancestrales dueños de aquellos territorios, utilizando cuanto medio fuera necesario: presión, agresión armada, prácticas leguleyas corruptas, etc. Es, digámoslo de una vez, la historia del despojo. ¿Y qué pasó con los dueños de casa? Los mapuches fueron concentrados en "reducciones", pequeñas reservas generalmente separadas unas de otras por cuñas de inmigrantes europeos y chilenos. Hacia 1929 existían 3.078 reservas comprendidas en 525.000 hectáreas que eran consideradas una concesión, bajo la denominación de “título de merced” (¡cuánta generosidad!) del Estado chileno para propiedad comunal de los indígenas. En términos reales, esas reducciones correspondían al 6,18% del territorio ancestral mapuche. La historia es refrendada por las matemáticas, que son exactas y no mienten. En 1934 se registra un hecho marcado con sangre: la Masacre de Ranquil: campesinos y mapuches que se habían rebelado contra, los abusos de los administradores de los aserraderos del Bío-Bío fueron reprimidos por tropas del Ejército. Según las informaciones de la época, se detuvo a un total de 500 mapuches con el propósito de llevarlos a Santiago y someterlos a juicio. Pero la verdad es que se trasladó y procesó sólo a 23 de esos prisioneros. Del resto (477) nunca más se supo. Fueron los precursores de los detenidos-desaparecidos. Como producto de esta inveterada historia de violencia, atropellos, despojos y muerte, unida a la discriminación y estigmatización perpetradas en horizontes contemporáneos, nada tiene de raro encontrarnos hoy con un pueblo que ostenta en forma orgullosa y decidida una identidad contestataria, defensiva, de resistencia. Los mapuches no han construido su vida según la visión y discursos del aparato político-institucional hegemónico, sino de acuerdo a una identidad activa y combatiente. Y dentro de una frontera étnica y territorial suficientemente bien delimitada. En términos concretos, ellos manejan un discurso etno-nacionalista que implica una división drástica y definitiva entre lo mapuche y lo chileno; que apunta a poner en práctica una separación efectiva y la creación de la nación mapuche. Ya en 1999 se enunciaban los cursos de acción de esta política: “En esta nueva etapa decimos que toda expresión cultural y de rescate de nuestras tradiciones es válida, lo que lleva en algún momento a la etapa que nosotros llamamos de rebelión. Y si no se producen los cambios necesarios respecto de un Estado que nosotros denominamos opresor, no de integración, tendrá que llegar necesariamente una etapa de Liberación Nacional, y esta es en el plano político, cultural y en el plano militar”. ¿Cómo poder lograr una meta tan inasequible, si la juzgamos desde la perspectiva de la institucionalidad y la integridad territorial? El Estado de Chile no va a aceptar de buenas a primeras que se seccione el territorio ni que se otorgue autonomía al pueblo mapuche. ¿Se declarará acaso un ayuno masivo a finish? ¿Sobrevendrán cruentos enfrentamientos y una nueva Ranquil? En el mismo año 1999, el Enlace Internacional Mapuche explicaba que la estrategia consiste en “la creación de un gobierno provisional y en transformar el territorio ancestral mapuche en una zona desmilitarizada, bajo el protectorado y control de las Naciones Unidas, con el objeto de prevenir el desarrollo de un conflicto de consecuencias imprevisibles”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario